Estado y ONG en Ecuador durante el período 2007-2014
En el presente trabajo, se revisa cuál ha sido la relación entre el estado ecuatoriano y las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el período comprendido entre 2007 y 2014, período que coincide con la presidencia del economista Rafael Correa. El presente estudio analiza y discute si ha habido m...
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de Maestría |
| Publicado: |
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10644/5574 |
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| Sumario: | En el presente trabajo, se revisa cuál ha sido la relación entre el estado ecuatoriano y las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el período comprendido entre 2007 y 2014, período que coincide con la presidencia del economista Rafael Correa. El presente estudio analiza y discute si ha habido modificaciones a la institucionalidad, el uso de poder y la construcción de un estado que socave el ejercicio efectivo de las libertades de asociación y de participación. A través de un estudio descriptivo, basado en revisión bibliográfica y con valiosos aportes de entrevistas, se pudo determinar que en varios escenarios temporales y espaciales ha existido una relación tensa y divergente entre varios estados y las ONG, debido no solo a criterios y objetivos contrapuestos sino, especialmente, por pugnas de poder con base en el ejercicio de la política. En Ecuador, durante el período de estudio, especialmente desde 2013, cuando se emitió el Decreto Ejecutivo 16, se han producido casos de procesos de disolución que han sido, igual que el cuerpo legal mencionado, seriamente criticados por organizaciones ecuatorianas y del extranjero, otros estados y por políticos ecuatorianos de oposición. Como conclusión general, se determinó que el estado ecuatoriano, desde el gobierno central, sostiene la posición de que es el representante máximo de la sociedad con exclusiva legitimidad democrática del que carecen las ONG por lo que rechaza todo tipo de acción política contraria a la posición gubernamental; por su parte, las ONG y organizaciones sociales esperan el respeto, por parte del estado de los derechos de asociación y de participación, garantizados por la norma constitucional e instrumentos internacionales. |
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